El castigo colectivo a la población de Gaza

 

Palestina en el Corazon

El Centro Palestino para los Derechos Humanos ha presentado recientemente un informe titulado “Cierre ilegal de la Franja de Gaza: castigo colectivo a la población civil". 
El cierre absoluto de Gaza fue impuesto por Israel tras la toma del poder de Hamás en junio de 2007. Durante más de tres años y medio, esta forma extrema de clausura se ha aplicado a la Franja de Gaza, aislando a 1,7 millones de personas del mundo exterior. 
A los habitantes de Gaza no se les permite viajar, salvo excepciones por razones humanitarias. Las importaciones a Gaza se han prohibido y sólo se permite la entrada de cantidades limitadas de productos básicos, especialmente alimentos. Israel también ha impuesto una prohibición total a las exportaciones de los productos de la Franja de Gaza.
El impacto del cierre de fronteras se agravó por la operación militar “Plomo Fundido” llevada a cabo por Israel entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 que causó gran cantidad de muertes y lesiones de civiles palestinos destruyendo infinidad de viviendas e infraestructura civil, incluso escuelas y hospitales. Para completar la ofensiva militar Israel se ha negado a abrir las fronteras de Gaza impidiendo así el paso de bienes necesarios para la recuperación y la reconstrucción. 
La mitad de la población de Gaza está ahora desempleada y 4 de cada 5 familias dependen de la ayuda "humanitaria". El 95% de los establecimientos industriales han cerrado o suspendido sus trabajos debido a las restricciones impuestas a la importación de materias primas y como consecuencia de la imposibilidad de exportar sus productos. Según fuentes de las Naciones Unidas los niveles de pobreza en la Franja de Gaza se encuentran entre los más altos del mundo. 
Al negar a un pueblo su capacidad de trabajo y su derecho a circular, al privar a las familias de su derecho a reconstruir sus hogares, que han sido reducidos a escombros, y al obligar a las personas a abandonar las tradiciones de sus generaciones pasadas, se condena a toda una población a convertirse en un "problema humanitario". 
La población civil de Gaza está siendo castigada por hechos de los que no es responsable. El cierre constituye un castigo colectivo impuesto por Israel en clara violación del derecho internacional. 
La situación en Gaza no puede aislarse del contexto general de la ocupación del territorio palestino. Del mismo modo, la política de cierre no es un fenómeno nuevo ni se limita a la Franja de Gaza. Israel somete al territorio palestino ocupado a una política ilegal de duras restricciones desde hace casi dos decenios. 
El informe del Centro Palestino de Derechos Humanos detalla las responsabilidades de las autoridades israelíes en la aplicación de esta política ilegal de cierre, que viola los principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos básicos de la población palestina. 
La comunidad internacional tiene el deber de tomar medidas para poner fin al cierre de Gaza, que es absolutamente ilegal y criminal en su naturaleza. Las partes actuantes en los Convenios de Ginebra tienen la obligación de respetar y garantizar que se respeten los convenios pactados. Esto conlleva el deber de investigar y procesar a los responsables de violaciones graves de los Convenios y llevarlos ante la justicia.
La comunidad internacional asume la responsabilidad de la crisis "humanitaria” que está destruyendo Gaza y de las graves violaciones del derecho internacional perpetradas contra la población civil palestina.

Cartel Palestina en el Corazón

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