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Programas de Tratamiento Familiar a Menores en Situación de Riesgo

Además de ser un compromiso moral que la sociedad debe contraer con sus miembros más débiles, los poderes públicos, por imperativo legal, deben asegurar a los niños y niñas la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y desarrollo integral, arbitrando las medidas tendentes a que las personas a cuyo cargo se encuentran los menores, los protejan y promuevan el ejercicio de sus derechos.
La Administración de la Junta de Andalucía es competente para la “planificación, coordinación y control de los servicios, actuaciones y  recursos relativos a la protección de los menores en la Comunidad Autónoma”. Por su parte, a las  Corporaciones Locales les corresponde “el desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, así como para la detección de menores en situación de desprotección y la intervención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio. Igualmente son competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo”.

 Del texto de la Ley 1/98 se desprenden cuáles han de ser los criterios de actuación en cualquier intervención en materia de menores, tales como:

o El fomento de medidas preventivas a fin de evitar situaciones de desprotección y riesgo para los menores.

o Se procurará la permanencia del menor en su propio entorno familiar.

o Se promoverán planes integrales dirigidos a la promoción de la infancia y a la prevención de situaciones de riesgo.

o Las medidas de apoyo a la familia podrán ser de carácter técnico y económico.

o El apoyo técnico consistirá en intervenciones de carácter social y terapéutico a favor del menor y su propia familia, y tenderá a la prevención de situaciones de desarraigo familiar.

o Las medidas de apoyo a la familia se llevarán a la práctica con la colaboración y de forma coordinada con los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes.

La Ley define expresamente las situaciones de riesgo como “aquéllas en las que existen carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social, y que no requieran su separación del medio familiar”. Con la misma claridad, la Ley obliga a la administración a actuar en estos casos al establecer que la apreciación de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social individual y temporalizado que, en todo caso, deberá recoger las actuaciones y recursos necesarios para su eliminación.
Corresponde a las Corporaciones Locales:

o La prevención, información y reinserción social de los menores.

o La detección de los menores en situación de desprotección.

o La intervención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio.

o Apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo.

De acuerdo a este mandato legal, y con el fin de ofrecer una respuesta efectiva a otros principios legales de actuación en materia de protección a la infancia, como son el fomento de las medidas de prevención y las actuaciones dirigidas a evitar la separación familiar del menor, se pone en marcha el “Programa de Intervención con familias desfavorecidas y en situación de riesgo social”, a través de la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 13 de julio de 2000.
Su finalidad principal  se dirige a preservar los derechos y el desarrollo integral de aquellos menores en situación de riesgo por circunstancias de dificultad familiar, evitando la separación de la familia, mediante un tratamiento e intervención específica e integradora que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desventaja social que pueda afectar directa o indirectamente el desarrollo de los niños
El equipo se integra dentro de los servicios sociales municipales y desarrolla sus actuaciones a través de un Proyecto de Intervención Familiar, en constante colaboración y coordinación tanto con los Servicios Sociales Comunitarios como con los Servicios de Protección y Prevención  de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

Es destacable asimismo que  junto a las actuaciones con menores en situación de riesgo, finalidad inicial del Programa, se abordarán igualmente los casos en los que sea factible la reunificación familiar de los menores con los que se haya adoptado una medida de protección.


FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR

Según la Orden de 20 de junio de 2005, los tres profesionales que forman el Equipo de Tratamiento Familiar, Trabajadora Social, Educadora Social y Psicóloga, tienen las siguientes funciones:

1. Recepcionar los casos, que vendrán acompañados un informe en el que se detalle el diagnóstico, la evaluación y la intervención realizada por el servicio que deriva el caso, así como cualquier otro elemento que se considere pertinente y relevante para la resolución de los conflictos.
2. Estudiar el caso y profundizar en el conocimiento de la situación, contrastando y completando la información remitida a través de otras fuentes o servicios relacionados con el mismo para establecer un pronóstico de los cambios y logros que puede conseguir la familia detectándose o reforzando los recursos disponibles dentro de la red de apoyo social, al objeto de evitar posibles medidas que impliquen la separación del menor de su familia de procedencia.
3. Valorar la idoneidad de la inclusión del caso en el programa en función de los datos obtenidos en la fase anterior.
4. Formular las hipótesis de trabajo y elaborar un Proyecto de Intervención Familiar individualizado y temporalizado para los menores y las familias, estableciendo los objetivos y la estrategia a seguir, así como los recursos implicados en la resolución de los conflictos familiares.
5. Consensuar con la familia el proyecto diseñado a fin de conseguir la máxima implicación de la misma en el tratamiento propuesto.
6. Desarrollar y efectuar el seguimiento del Proyecto de Intervención Familiarmediante la aplicación de técnicas adecuadas y ajustadas a cada caso para conseguir los objetivos propuestos de acuerdo con la evolución del mismo.
7. Establecer los mecanismos de información permanente necesarios para mantener la colaboración y la implicación del servicio que haya, así como de los recursos de que éste disponga, para su adecuada resolución y posterior derivación, si procede.
8. Colaborar con las instituciones implicadas en la atención al menor y su familia, en las diferentes fases del plan de tratamiento.
9. Elaborar cuanta documentación e informes técnicos sean necesarios para facilitar el conocimiento y la evolución del caso, así como la transmisión de información a otros servicios implicados.
10. Dinamizar y colaborar en el desarrollo de los mecanismos de coordinación que sean necesarios para el desarrollo de cada proyecto, especialmente con los Servicios Sociales Comunitarios y el Servicios de Infancia y Familia, así como con el resto de dispositivos implicados en la resolución de los casos.
11. Proponer la derivación de los casos a los recursos sociales más adecuados una vez finalizada la intervención, para que se continúe con el seguimiento de los mismos cuando sea necesario. Para ello deberán remitir la documentación técnica que se precise para conocer los pormenores de la intervención realizada y su evolución.
12. Proporcionar información sobre la evolución general del programa y asistir a las reuniones de trabajo y comisiones técnicas que se establezcan.
13. Cualquier otra función relacionada que se considere necesaria para la consecución de los objetivos del programa.

El EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF) está compuesto por los siguientes profesionales:

1) Psicóloga.
2) Trabajadora Social.
3) Educadora.

 
 

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